Vladimir Putin. Fuente BBC
El viernes amanecimos con la noticia que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por presuntos crímenes de guerra en la Ucrania ocupada.
La Comunidad Internacional acogió con beneplácito dicha emisión, pero ¿cuál será el panorama? La respuesta es sencilla, mientras que 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad – Rusia, Estados Unidos y China- no firmen, ni ratifiquen el Estatuto de Roma, la procuración de justicia será selectiva debido a que se han cometido crímenes de lesa humanidad y de guerra desde 1945 en varios países; y hasta el momento no se ha perpetrado ninguna responsabilidad a los países invasores. Por su parte, Israel, Ucrania e India tampoco lo han ratificado por lo que la injusticia seguirá prevaleciendo hasta que no se logre una voluntad política al mostrar un poco de ímpetu e interés en la pronta resolución de conflictos.
Como dato al lector, varios países de América Latina tampoco lo han ratificado: Bahamas, Chile, Cuba, Haití, Jamaica, Santa Lucía, Estados Unidos de América, Granada, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Surinam.
Por ello, la pregunta del millón es: ¿cómo se ejercerá la justicia y el cumplimiento de las leyes internacionales cuando el representante del país en cuestión- Rusia- no ha firmado el documento? ¿Por qué la Corte Penal Internacional acusa a Rusia de su actuar unilateral y calló con la invasión de Estados Unidos a Afganistán? Estados Unidos se justifica en que dicha decisión fue con el propósito de derrocar al terrorismo ejercido por Al-Qaeda tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. ¿Por qué sería diferente si Europa ostentó contra la seguridad nacional de Rusia al expandir su zona de influencia en Europa del Este?
Hoy más que ayer, se requiere que todos los países independientes y soberanos firmen dicho Estatuto para minimizar los riesgos de conflictos regionales y se salvaguarden los derechos humanos que van en constante retroceso desde hace varias décadas. Es imperdonable que la justicia sea tan desigual y más, cuando existen pruebas fehacientes de actuales genocidios como el que se vive contra los musulmanes uigures en la región autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China. Lo anterior fue reconocido por, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, antes de dejar su cargo en agosto de 2022.
O bien, la crisis humanitaria que asota a Siria desde hace 10 años cuando inició la guerra civil y parte del territorio es controlado por el grupo terrorista, el Estado Islámico (isis, por sus siglas en inglés). La condena debe y tiene que ser general. ¡Todos quienes han trasgredido la paz mundial merecen ser condenados sin excepción!