Migrantes Ciudad Juárez, Chihuahua. Obtenida Reuters.
Lamentos mexicanos
La noche del pasado lunes 27 de marzo, un incendio se suscitó en el interior de un albergue del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua en la frontera con Estados Unidos. Lo anterior, cobró la vida de 40 personas migrantes que auspiciaban cumplir el sueño americano pero la barbarie y la falta de sentido común frustraron ese sueño. Las investigaciones señalan que el incendio se originó en la celda donde se encontraban migrantes hombres. Los funcionarios públicos que brindaban el servicio de protección salieron huyendo del lugar haciendo caso omiso la cordura y condenándolos a lesiones graves o a muerte, a varios de ellos. ¿Fue el Estado? ¿Quién ofrecía el servicio de seguridad privada en la institución?
En febrero del año en curso, el portal de Latinus presentó en el noticiero de Carlos Loret de Mola, la investigación sobre los negocios que goza el cónsul honorario de Nicaragua en Coahuila y Nuevo León, Elías Gerardo Valdés Cabrera, con la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. La empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia (SEICSA) ofrece seguridad privada y se comprobó que es la responsable de vigilar la estancia del albergue del INM en Ciudad Juárez. ¿Por qué, hasta el momento, el silencio es la única respuesta aceptable cuando la muerte es ocasionada por la corrupción derivado del conflicto de intereses?
Este incidente, debe considerarse como un crimen de lesa humanidad donde policías optaron por hacer caso omiso a un incendio que consumía un lugar donde presuntamente se protegía la integridad de los migrantes, así como sus derechos humanos. No obstante, al filtrarse un video en redes sociales de lo sucedido; múltiples preguntas no deben quedarse en el aire: ¿por qué si era un albergue-como mencionan las autoridades- los migrantes estaban tras las rejas? ¿Por qué no les auxiliaron? ¿Por qué no hay ningún responsable de alto rango? ¿Alguien planea renunciar y dar la cara? Si bien, la Secretaría de Gobernación es quién paga la nómina del INM, ¿por qué el secretario, Adán Augusto López, no asume su responsabilidad y evita embarrar a otras dependencias de cuya responsabilidad solo recae en él? ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene conocimiento del estado de todos los “albergues” que son operados por el INM?
Sin embargo, no es la primera desgracia que sucede en México en cuanto a accidentes migrantes se refiere. En los últimos años, se ha normalizado observar la actitud xenófoba de las autoridades mexicanas y de la propia sociedad hacia las caravanas migrantes cuya procedencia, en su mayoría, son de Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia y Venezuela.
No olvidemos que el pasado 19 de febrero un autobús que transportaba migrantes se accidentó en una de las carreteras del Estado de Puebla. Empero, hubo uno que trastocó a la sociedad mexicana: un tráiler volcó en la ciudad de Chiapa de Corzo, Chiapas, al sureste del país en diciembre de 2021. Desafortunadamente, ocasionó la muerte de 50 migrantes y 80 heridos. Los lamentos y la condena no se hicieron esperar. Tanto el presidente López Obrador y sus subordinados manifestaron su rechazo al tráfico de migrantes. ¿Y qué ha pasado desde entonces? ¿Ha habido mejoras en el sistema político de migración?
¿De qué sirven los lamentos mexicanos? ¿Sirve tener un presidente tan humanista donde el desaire y la victimización hacía su persona es el pan de cada día? ¿Valió la pena continuar el programa del presidente Donald Trump “Permanezca en México” con el “Tercer País Seguro” del presidente Joe Biden? ¿Algún día México dejará de poner los muertos?
Los accidentes migratorios, son también un exterminio contra un grupo selecto de la sociedad. Nadie es ilegal por el hecho de migrar. Denostar los impulsos humanos que orillan a cientos de personas a dejar sus países de procedencia para mejorar su calidad de vida, pone de manifiesto la intolerancia y deshumanización de quienes gobernamos el planeta.
